Opinión | A la inseguridad eléctrica apliquemos el imperio de la ley

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Por Ing. Rubén Roberto Levy

En esta oportunidad propongo un cambio concreto en el actual manejo de la seguridad eléctrica en Argentina, pues es evidente que la actual situación no nos permite avanzar en forma definitiva en el tema. La realidad nos indica una altísima siniestralidad eléctrica y una pobre participación en la solución del tema desde las instituciones a cargo, ya que las victimas de electrizaciones y electrocuciones pasan a conformar una misteriosa estadística que nadie lee ni menciona.
Es conocido que en Argentina existen normas y reglamentaciones que en el actual sistema son de derecho privado, pero han existido y existen personas y organizaciones que innumerables veces y con el propio esfuerzo han gestionado y explicado a los poderes políticos la necesidad de establecer reglas de cumplimiento obligatorio para los proyectos y ejecuciones de instalaciones eléctricas en inmuebles y en la vía pública, elevando innumerables propuestas al ente o empresa responsable a cargo de esas instalaciones eléctricas.
El resultado de treinta años de democracia en estos temas es pobre y sigue creciendo la siniestralidad eléctrica en Argentina. Entonces tenemos que asumir que el actual sistema no le sirve a los ciudadanos que deben recibir los beneficios de la democracia y en este tema no los recibe; al contrario, se observa una anarquía en el manejo de las obligaciones técnicas y no aparece el estado de la técnica en las instalaciones eléctricas de todo tipo.
Se dice que los ciudadanos debemos proponer y nuestros representantes, escuchar. Eso ya lo hemos hecho durante décadas y, como repito, la siniestralidad crece y una sociedad moderna no se puede concebir ni aceptar en esas condiciones. Por eso, y para concretar mi propuesta: propongo estatizar por ley la AEA y el IRAM y que todas las normas y reglamentaciones sean de uso público, libre y gratuito y que figuren en Internet para que cualquier ciudadano las "baje", las consulte y pregunte lo que tenga que preguntar para lo cual el mismo Estado deberá establecer un grupo de expertos que responda a toda consulta que se haga al respecto. La AEA e IRAM podrán seguir funcionando como lo hacen actualmente, pero su dirección será estatal y los recursos los pondrá el Estado para que estas organizaciones dejen de competir con los profesionales en actividades que sean de incumbencia profesional. Las actuales normas y reglamentaciones serán elevadas a toda institución educativa, colegio profesional o ente relacionado con el tema para que su conocimiento y aplicación sea de utilización documental obligatoria y que quede claro que toda actividad relacionada con el tema quede legalmente vinculada con la ley que se indica en lo que sigue.
Propongo que el poder legislativo nacional emita una ley de seguridad eléctrica que cubra todos los aspectos de la seguridad eléctrica en todo tipo de instalaciones donde se utilice la electricidad, es decir, tanto en la propiedad privada como en la vía pública para toda la Nación Argentina que tenga como fundamento el interés del Estado en proteger a los ciudadanos de los riesgos de la electricidad. De este modo, el poder político puede hacer algo concreto con la impresentable siniestralidad eléctrica que cada vez es mayor por la lógica del uso intenso de la electricidad en una sociedad moderna que pretende ser justa y equitativa.
Propongo que el Estado conforme un ente de seguridad eléctrica que tenga presupuesto propio y que no dependa del poder político de turno y ante los siniestros, que sea parte querellante en defensa de las víctimas de un sistema que debe responder a la calidad de vida de los ciudadanos y no a la burocracia del no hacer, del no ver y del no intervenir.
La conformación de ese ente es de un costo ínfimo respecto a la vida de cualquier ciudadano de nuestra patria. Si las diversas municipalidades o empresas de distribución de energía, que de hecho son autárquicas, desconocen la aplicación de la ley, pues que se hagan cargo de su incumplimiento y de las demandas que el Estado les realizara por incumplimiento de leyes de defensa de la sociedad y del Estado.
Por supuesto que para esto hay que contar con patriotas y no con burócratas del poder, pero espero no morirme sin ver al menos que alguien con criterio de patria se haga cargo de impulsar estas iniciativas.
Espero que lo expuesto se lea, se analice y se corrija en lo que corresponda, pero fundamentalmente que se haga, pues de otro modo seguiremos en una sociedad atrasada donde la siniestralidad será como es ahora: Los crímenes acordados del sistema.

La vida es un derecho que está por encima de todos los derechos…

Contacto: Rubén R. Levy

 

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